La Ley Orgánica de Ordenamiento Urbanístico -promulgada durante la administración de Luís Herrera Campíns- descargó toda la responsabilidad al respecto sobre los hombros de proyectistas y constructores. Estos pueden ser sancionados penalmente en casos de incumplimiento de las normas, con lo cual cualquier castigo se impondría después de una eventual desgracia. La comisión que elaboró la normativa de 1999 propuso crear una autoridad supervisora, integrada por universidades, constructores y el Colegio de Ingenieros, entre otras instituciones. Sin embargo, la proposición quedó en el limbo y su discusión naufragó en medio del proceso de reorganización del Ministerio de Infraestructura.
"Ni siquiera se sabe con claridad cuál será el papel de este ministerio para velar por el cumplimiento de la normativa", afirma Gutiérrez.
En algunos municipios, como Chacao, la inspección de las obras es también responsabilidad de los constructores. Estos contratan ingenieros residentes, que a su vez deben presentar a las alcaldías informes semanales sobre el desarrollo del proyecto. Modalidad que ejemplifica un conocido refrán popular: "Se pagan y se dan el vuelto". En otras alcaldías -Baruta, por ejemplo-, los promotores cancelan una tasa impositiva, de la que se obtienen los recursos para pagar los honorarios de inspectores de obras que trabajan a destajo."Las inspecciones son vitales para comprobar que las edificaciones respeten los planos originales y no sean modificadas arbitrariamente, a medida que avanza la construcción", explica Jorge González, jefe del Departamento de Ingeniería Sísmica de la Fundación para las Investigaciones Sismológicas (Funvisis), adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Acelerógrafos retardados
Un capítulo completo de la normativa vigente exige la instalación en edificaciones de importancia de equipos -llamados aceleró grafos- capaces de medir el impacto de los temblores. "Estos aparatos son muy importantes para recabar datos que permitan corregir fallas y reforzar estructuras", explica González. La norma exige que estos aparatos se instalen, entre otros sitios, en desarrollos con más de 40 viviendas unifamiliares, en instalaciones de "importancia singular" y en construcciones con más de 10 niveles de altura.En Caracas, de acuerdo con el organismo estatal, sólo existen siete acelerógrafos. Esta cifra está muy alejada de la densidad ideal, calculada en un millar de aparatos para la ciudad capital. Los equipos se encuentran en la propia sede de Funvisis, Intevep, Las Danielas y Parque Central, lugar que tiene un acelerógrafo averiado desde hace por lo menos una década. Adicionalmente, hay otros tres equipos en las estaciones de Metro de Plaza Sucre, Chacaíto y Plaza Venezuela
"Los propietarios de los edificios no siempre están interesados en invertir dinero para comprar estos instrumentos, cuyo precio oscila entre 5.000 y 8.000 dólares", explica el funcionario de Funvisis. Un aporte de capital poco significativo, si se piensa en construcciones millonarias algunos centros comerciales, por ejemplo- que no cuentan con estos aparatos.
Lejos de Japón
Como dato curioso, los investigadores de Funvisis recuerdan que en cualquier pequeña municipalidad japonesa pueden hallarse hasta 80 acelerógrafos. La flexibilidad no deja buenos resultados. El terremoto de Caracas, ocurrido en julio de 1967, arrojó como lección que las edificaciones deben cumplir rigurosamente con las normas de sismo-resistencia. Ese temblor, considerado moderado, provocó el colapso de numerosas estructuras y la muerte de 236 personas. "Cada sismo deja lecciones que no se pueden olvidar", dice José Antonio Rodríguez, investigador de Funvisis.
Cuando ocurrió el desastre estaba vigente, desde 1955, un reglamento que no incorporaba los últimos conocimientos sobre ingeniería sísmica. Cuatro meses después del terremoto, se publicó un reglamento provisional cuya vigencia se prolongó hasta 1982. La experiencia de Caracas sirvió como referencia mundial para la actualización de las regulaciones sísmicas en numerosos países. Pero la rigurosidad inicial perdió impulso en Venezuela.
"Al principio hubo firmeza en la aplicación de las normas, pero progresivamente se ha perdido cuidado en esta materia", asegura Eduardo Arnal, experto en estructuras y ex decano de la Facultad de Ingeniería de la UCV. Países con amplia experiencia en terremotos -Estados Unidos y Japón, entre otros- adaptan de manera permanente las normativas sobre sismo-resistencia. La comisión técnica que redactó las normas venezolanas ha funcionado -según algunos de sus miembros- epilécticamente en los últimos 12 meses. Lo que constituye una mala noticia, pues no se puede descansar en la prevención de las tragedias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario