jueves, 4 de septiembre de 2008

Soluciones habitacionales

Las preocupaciones no acaban con la revisión de las instalaciones estratégicas. Se considera necesario evaluar los modelos de vivienda de construcción masiva, propuestos para enfrentar el déficit habitacional. "Estos sistemas constructivos deben ser examinados con conciencia, especialmente en lo referido a la resistencia contra sismos y la durabilidad de los materiales de la vivienda". López (2000)
La importancia de esta aseveración no deja lugar a dudas: "Un sólo diseño puede decidir la vida de miles y miles de personas", sentencia López. Una paradoja toma cuerpo a medida que pasa el tiempo. Las viejas edificaciones deben adaptarse continuamente a las nuevas regulaciones antisísmicas. Este imperativo choca contra la realidad. "No conozco de ningún plan orientado a lograr este objetivo", dice el investigador del IMME.
La incertidumbre es el signo que marca las hipótesis de la ingeniería sísmica: nunca se sabe cuándo temblará, ni dónde, ni con qué intensidad. Ni siquiera se puede estar completamente seguro de que una edificación quedará destruida por un temblor. Pese a ello, las normas fijan metas posibles de cumplir según los especialistas: las estructuras nunca deben colapsar ante sismos severos. Los temblores menores no deben provocar daños, y los moderados, sólo desperfectos reparables.

Regulaciones estrictas

La última normativa contra sismos fue publicada en febrero del año pasado, en la Gaceta Oficial No. 36635. Redactores de estas normas advierten que hay evidencias de su incumplimiento, lo que resulta irónico si se recuerda que ocho de cada 10 venezolanos habitan zonas amenazadas por actividad sísmica. López observa indicios de vulnerabilidad: "Se puede aseverar que estas regulaciones no se cumplen estrictamente en todo el país". El investigador no señala casos concretos, "pues hay que realizar los estudios respectivos antes de emitir algún juicio".
Arnaldo Gutiérrez, integrante de la comisión técnica que redactó las normas, opina que las autoridades no ejercen controles efectivos para garantizar el cumplimiento de las exigencias en la construcción de edificaciones resistentes a los sismos.
"También ha habido negligencia para divulgar las normas", dice Gutiérrez, quien es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Como prueba de ello, asegura que "las nuevas generaciones de ingenieros y arquitectos ignoran la existencia de la nueva regulación".
Según el experto, "no existe un organismo encargado de supervisar el cumplimiento de la normativa". Hasta la década pasada, las municipalidades tenían la responsabilidad de revisar los cálculos sobre variables antisísmicas consignados en los proyectos de construcción. Pero el proceso de otorgamiento de permisos, explica Gutiérrez, "se hacía engorroso".

Sin vigilancia

La Ley Orgánica de Ordenamiento Urbanístico -promulgada durante la administración de Luís Herrera Campíns- descargó toda la responsabilidad al respecto sobre los hombros de proyectistas y constructores. Estos pueden ser sancionados penalmente en casos de incumplimiento de las normas, con lo cual cualquier castigo se impondría después de una eventual desgracia. La comisión que elaboró la normativa de 1999 propuso crear una autoridad supervisora, integrada por universidades, constructores y el Colegio de Ingenieros, entre otras instituciones. Sin embargo, la proposición quedó en el limbo y su discusión naufragó en medio del proceso de reorganización del Ministerio de Infraestructura.
"Ni siquiera se sabe con claridad cuál será el papel de este ministerio para velar por el cumplimiento de la normativa", afirma Gutiérrez.
En algunos municipios, como Chacao, la inspección de las obras es también responsabilidad de los constructores. Estos contratan ingenieros residentes, que a su vez deben presentar a las alcaldías informes semanales sobre el desarrollo del proyecto. Modalidad que ejemplifica un conocido refrán popular: "Se pagan y se dan el vuelto". En otras alcaldías -Baruta, por ejemplo-, los promotores cancelan una tasa impositiva, de la que se obtienen los recursos para pagar los honorarios de inspectores de obras que trabajan a destajo."Las inspecciones son vitales para comprobar que las edificaciones respeten los planos originales y no sean modificadas arbitrariamente, a medida que avanza la construcción", explica Jorge González, jefe del Departamento de Ingeniería Sísmica de la Fundación para las Investigaciones Sismológicas (Funvisis), adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Acelerógrafos retardados
Un capítulo completo de la normativa vigente exige la instalación en edificaciones de importancia de equipos -llamados aceleró grafos- capaces de medir el impacto de los temblores. "Estos aparatos son muy importantes para recabar datos que permitan corregir fallas y reforzar estructuras", explica González. La norma exige que estos aparatos se instalen, entre otros sitios, en desarrollos con más de 40 viviendas unifamiliares, en instalaciones de "importancia singular" y en construcciones con más de 10 niveles de altura.En Caracas, de acuerdo con el organismo estatal, sólo existen siete acelerógrafos. Esta cifra está muy alejada de la densidad ideal, calculada en un millar de aparatos para la ciudad capital. Los equipos se encuentran en la propia sede de Funvisis, Intevep, Las Danielas y Parque Central, lugar que tiene un acelerógrafo averiado desde hace por lo menos una década. Adicionalmente, hay otros tres equipos en las estaciones de Metro de Plaza Sucre, Chacaíto y Plaza Venezuela
"Los propietarios de los edificios no siempre están interesados en invertir dinero para comprar estos instrumentos, cuyo precio oscila entre 5.000 y 8.000 dólares", explica el funcionario de Funvisis. Un aporte de capital poco significativo, si se piensa en construcciones millonarias algunos centros comerciales, por ejemplo- que no cuentan con estos aparatos.
Lejos de Japón
Como dato curioso, los investigadores de Funvisis recuerdan que en cualquier pequeña municipalidad japonesa pueden hallarse hasta 80 acelerógrafos. La flexibilidad no deja buenos resultados. El terremoto de Caracas, ocurrido en julio de 1967, arrojó como lección que las edificaciones deben cumplir rigurosamente con las normas de sismo-resistencia. Ese temblor, considerado moderado, provocó el colapso de numerosas estructuras y la muerte de 236 personas. "Cada sismo deja lecciones que no se pueden olvidar", dice José Antonio Rodríguez, investigador de Funvisis.
Cuando ocurrió el desastre estaba vigente, desde 1955, un reglamento que no incorporaba los últimos conocimientos sobre ingeniería sísmica. Cuatro meses después del terremoto, se publicó un reglamento provisional cuya vigencia se prolongó hasta 1982. La experiencia de Caracas sirvió como referencia mundial para la actualización de las regulaciones sísmicas en numerosos países. Pero la rigurosidad inicial perdió impulso en Venezuela.
"Al principio hubo firmeza en la aplicación de las normas, pero progresivamente se ha perdido cuidado en esta materia", asegura Eduardo Arnal, experto en estructuras y ex decano de la Facultad de Ingeniería de la UCV. Países con amplia experiencia en terremotos -Estados Unidos y Japón, entre otros- adaptan de manera permanente las normativas sobre sismo-resistencia. La comisión técnica que redactó las normas venezolanas ha funcionado -según algunos de sus miembros- epilécticamente en los últimos 12 meses. Lo que constituye una mala noticia, pues no se puede descansar en la prevención de las tragedias.

Caracas: Una ciudad riesgosa

Eduardo Arnal, ex decano de la Facultad de Ingeniería de la UCV, afirma que Caracas es una zona de alto riesgo sísmico.
"Los movimientos registrados en la capital no han sido grandes en comparación con los del oriente del país, pero aquí existe un elevado peligro por la densidad de edificaciones".

Alfonso Malaver, ingeniero sísmico, asevera que 75% de los habitantes de la capital viven en zonas de moderada y alta sismicidad. "No cabe duda de que en un terremoto los ranchos recibirán el mayor impacto, porque los suelos donde están asentados son blandos y con frecuentes deslizamientos", reitera Arnal.

Los expertos opinan que San Bernardino, Los Palos Grandes, Altamira y Parque del Este conforman zonas críticas en el caso de que ocurra un sismo. Estas urbanizaciones fueron construidas sobre suelos aluvionales, formados por los sedimentos que durante miles de años descendieron del Ávila. "Por ejemplo, en San Bernardino existen infraestructura vital que podría sufrir daños severos. En Los Palos Grandes y las áreas vecinas se encuentran construcciones residenciales y comerciales que también corren riesgos similares", advierte Malaver. Aunque se conocen los riesgos, continúa el crecimiento urbanístico en municipios de riesgo como Chacao. Juan Vicente Manzano, asesor de la Dirección de Ingeniería Municipal de esa alcaldía, señala que es inevitable el crecimiento urbanístico, porque predomina el derecho de propiedad de los dueños de los terrenos. "Mientras cumplan con los requerimientos exigidos en las ordenanzas, la alcaldía no puede paralizar nuevas construcciones".

Colinas de Santa Mónica y Colinas de Bello Monte son otras urbanizaciones que no escapan al riesgo sísmico. Los expertos indican que esos terrenos tienden a ser geológicamente inestables, y algunas construcciones se ejecutaron sin considerar las características morfológicas. Pero el meollo del asunto no sólo se relaciona con las peculiaridades naturales de los suelos o la geología del terreno, sino también con el marco legal que regula las construcciones. "En muchos proyectos urbanísticos que se han ejecutado en Caracas, se viola descaradamente la Ley de Ordenación Urbanística. Un ejemplo es Alto Prado, donde se construyeron edificios en terrenos inestables, y ya conocemos los fatales resultados", señala Arnal.
Arnaldo Gutiérrez, ingeniero sísmico, reclama que las mismas autoridades hayan transgredido las regulaciones de la Ley de Ordenación Urbanística. "El antiguo Ministerio de Desarrollo Urbano, que elaboró esta ley, también tuvo la facultad de violarla. Esto crea un vacío de autoridad que, junto con la ausencia de planes reguladores de las ciudades, incentiva la anarquía urbanística".

Poca cultura

Un terremoto es un evento inevitable. Por eso, es clave la manera cómo los ciudadanos puedan comportarse frente a tales catástrofes. Manuel Santana, jefe de Planificación para Casos de Desastres de los Bomberos del Distrito Federal, asegura que los venezolanos no tienen la preparación para actuar adecuadamente en momentos de emergencia. "Un alto porcentaje de personas ignora cómo debe comportarse", dice el funcionario. Esta es la médula del problema, para Santana: "La formación de la ciudadanía es más importante que los planes para responder a eventualidades". Una conclusión es tan inevitable como cualquier gran tragedia: "No tenemos cultura de emergencias y dejamos de lado las previsiones para disminuir los efectos de un suceso inesperado".
Los bomberos del Distrito Capital trabajan desde hace cuatro años, junto con FEDE y el Colegio Nacional de Bomberos, en un programa comunitario que tiene como propósito divulgar entre estudiantes las normas de actuación en incidentes de riesgo. "Empezamos con los niños, jóvenes y personal docente -detalla el funcionario-, para luego extender estos conocimientos a sus familiares y a la comunidad. Este proyecto se desarrolla a escala nacional, y hemos abarcado ya 150 escuelas". Igualmente, Funvisis desarrolla un programa similar -denominado Aula Sísmica Madeilis Guzmán-, que ha servido para instruir a más de 3.000 personas, especialmente niños. Existen esfuerzos para incluir una materia dedicada a emergencias en el pensum de estudio propuesto por el Ministerio de Educación para los niveles medio y básico.

Ampliar la red

La suerte salvó del desastre cinco sismógrafos adquiridos por Funvisis. Los equipos se encontraban en los depósitos de un agente aduanal, cuyas oficinas sobrevivieron al alud torrencial que sepultó al estado Vargas. Los investigadores del organismo no dudan de calificar los aparatos como "estratégicos" para recabar datos sobre la actividad sismológica del país, donde ocurren mensualmente cerca de 20 movimientos telúricos.
En Funvisis nadie se siente conforme con la densidad de la red de sismógrafos existente en el país: unos 40 aparatos, distribuidos a lo largo del sistema de fallas que recorre a Venezuela. Una densidad mayor de sismógrafos permitiría, por ejemplo, determinar casi de inmediato el epicentro de algún movimiento telúrico y la profundidad de la fractura que provocó el temblor.
La utilidad de esta información rebasa el mero interés científico. Fran Audemard, jefe del Departamento de Ciencias de la Tierra de Funvisis, asegura que una evaluación rápida "permitiría una respuesta temprana frente a una emergencia sísmica". Actualmente hay que esperar al menos 30 minutos para identificar el lugar de origen de un movimiento telúrico. La organización tiene en marcha un plan para incrementar el número de estos equipos. Cada aparato tiene un valor aproximado de 15.000 dólares. La prioridad es adquirir equipos de "banda ancha", capaces de registrar, sin saturarse, los temblores de mayor intensidad. Sin información, no hay planes de prevención posibles.

Perfil resistente

Las normas para garantizar la resistencia sísmica de las edificaciones son de alta complejidad técnica. La comisión encargada de elaborar la normativa sobre la materia debió revisar durante tres años una primera versión del proyecto, con la finalidad de hacer fácilmente comprensibles las reglas a para arquitectos e ingenieros civiles.
Oscar López -investigador del Instituto de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad Central de Venezuela- explica un principio que deben cumplir las instalaciones resistentes a los temblores: "Deben permitir el daño controlado de las estructuras, con el fin de que se disipe la energía provocada por los sismos". Esta norma fundamenta igualmente el diseño de las últimas tecnologías para estructuras antisísmicas: se colocan estructuras flexibles en las propias bases de los edificios, lo que permite el bamboleo controlado de las estructuras. "Es otra forma de liberar energía", añade López. Según el investigador, es fundamental que vigas y columnas estén lo menos separadas que se pueda, lo que constituye una condición esencial para mejorar el desempeño en caso de temblores. Igualmente, recuerda López, las estructuras regulares son menos frágiles que las irregulares. "Esto se ha comprobado en la experiencia de la mayoría de los terremotos".
Un ejemplo son los edificios, cuyas paredes desaparecen en las plantas bajas y estacionamientos. "Hay que tomar precauciones adicionales en estos casos, y así está contemplado en las normas", explica López. Una última condición de las edificaciones sismo-resistentes es la de "respetar el diseño".